"De todas sus actuaciones, 13 consistieron en demandas contra empresas presuntamente usuarias de software sin licencia, de las cuales nueve fueron objeto de un registro judicial. Las empresas que sufrieron los registros tuvieron que asumir multas en concepto de indemnización por un valor medio de 53.390 euros. Además, la BSA remitió otros 20 casos a la Policía, y una de sus denuncias, llegó a lograr una sentencia penal por delito contra la propiedad intelectual."